LOS PENDEJOS UNL
jueves, 22 de septiembre de 2011
martes, 13 de septiembre de 2011
PRESIDENTE ASO. PROFESORES ÁREA EDUCATIVA CENSURA PRESENCIA POLICIAL.
El Presidente de la Asociación de Profesores del Área de la Educación,
el Arte y la Comunicación, José Iñiguez Cartagena, censuró enérgicamente la
presencia de la Policía Nacional dentro de los predios de la Universidad
Nacional de Loja, hecho ocurrido por dos ocasiones en la noche del lunes 12 de
septiembre, en la Carrera de Comunicación Social.
A decir del dirigente de los docentes universitarios, la primera
incursión policial sucedió a las 19H30 cuando un grupo de aproximadamente 20
efectivos de la fuerza pública arribaron a las puertas de la mencionada unidad
académica, bajo el supuesto de que se estaría produciendo el saqueo de los
equipos de la Radio Universitaria por parte de los integrantes de la Carrera de
Comunicación Social. La segunda irrupción, según José Iñiguez, ocurrió a las
20H50, al mando del Mayor de Policía Maciel
Ochoa, quien, dijo que se trataba de una “inspección de rutina” por lo que
ingresó junto a elementos del GOE a los patios y Secretaría de la referida
Carrera, sin encontrar ninguna novedad.
José Iñiguez Cartagena, quien entrevistó al oficial al mando del
operativo, dijo que el Mayor Ochoa, señaló que no había existido ningún pedido
del Rector de la institución para que esto ocurra; lo que a juicio del
dirigente docente es una flagrante violación de la Constitución de la República
que en su artículo 355, establece que los recintos universitarios son
inviolables y que no podrán ser allanados sino en los términos que establece la
ley.
Asimismo, puntualizó, que el Mayor Ochoa reveló que la incursión de la
fuerza pública en predios universitarios era de conocimiento del Comandante
Provincial de Policía, por lo que dijo, de acuerdo al artículo 159 de la
Constitución, las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional,
son responsables de las órdenes que imparten y que la obediencia a las órdenes
superiores no eximen de responsabilidad a quienes las ejecutan. Por ello,
demandó de la primera autoridad policial y de la Gobernadora de la Provincia,
una explicación sobre este procedimiento inconstitucional.
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